27 noviembre, 2020 Chile

Proyecto de Protección de Glaciares

Derecho Minero, Energía y Recursos Naturales

Es curioso lo que ocurre en nuestro país. La minería ha sido históricamente uno de los principales contribuyentes al desarrollo económico y social de Chile. Junto con lo anterior, incluso antes de la entrada en vigencia de la institucionalidad ambiental, la industria ha adoptado los más altos estándares de cuidado del medio ambiente y de uso eficiente del agua, buscando desarrollar siempre sus proyectos procurando la efectiva protección del medio ambiente.

Sin perjuicio de lo anterior, se encuentra actualmente en tramitación el proyecto de ley de Protección de Glaciares, el que, entre otras cosas, pretende prohibir el desarrollo de actividades que puedan generar impactos significativos o daños irreversibles en zonas glaciares y periglaciales, lo que implicaría la imposibilidad de desarrollar minería en altura, afectando -entre muchos otros- a proyectos como El Teniente y Los Bronces, significaría una caída aproximada de 2,4% del PIB y destruiría 42.000 empleos.

Mucho se ha escrito respecto de la inconveniencia de aprobar el proyecto tal como está, pero es conveniente reiterar ciertos puntos en este breve espacio: (i) el marco regulatorio existente contiene herramientas suficientes para la protección de los glaciares, basta revisar el nivel de sofisticación y de exigencias ambientales con que se han aprobado los pocos proyectos mineros que pudieran tener la potencialidad de afectar glaciares; (ii) dadas las diferentes realidades hídricas del país, solo algunos pocos glaciares son relevantes desde la perspectiva de su aporte hídrico, por lo que más que una prohibición absoluta, debiera analizarse caso a caso su relevancia, como ocurre actualmente; (iii) el proyecto ampliaría exageradamente las áreas de protección ambiental, extendiendo innecesariamente la prohibición de desarrollo de actividades económicas; y (iv) en su tramitación no se ha tomado en consideración la opinión los múltiples expertos y actores interesados antes de establecer una política extremadamente gravosa para los intereses nacionales.

Sin mayores sustentos técnico para su aprobación, pareciera ser que la motivación de ciertos parlamentarios para aprobar este proyecto es favorecer, con fines electorales, las presiones de grupos de interés que poco han aportado al país, en perjuicio de la industria que más notablemente lo ha hecho.

Fuente: Revista Industria Legal

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