28 enero, 2019 Chile

Proyecto de Ley sobre Delitos Ambientales y otras modificaciones al régimen de daño ambiental y de tramitación de causas en los Tribunales Ambientales.

Derecho Minero, Energía y Recursos Naturales

El día 22 de enero de 2019 ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley, impulsado por el Ejecutivo, que busca regular la persecución de los delitos ambientales y promover la prevención de daños por parte de las empresas. A continuación se detallan los objetivos del proyecto y los principales cambios planteados en este.

 

 I. Objetivos del proyecto de ley

El proyecto propone establecer una ley especial de delitos ambientales que tendrá por objeto:

a) Sancionar penalmente las principales hipótesis de daño ambiental.

b) Potenciar el rol de la SMA en la persecución de delitos ambientales, tomando en consideración que es el órgano especializado en la materia. Además, se le confieren más atribuciones para lograr la reparación del medio ambiente afectado.

c) Incorporar los delitos ambientales en la Ley N° 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de modo de incentivar la prevención de los delitos ambientales, mediante la elaboración de modelos de prevención.

 

II. Principales cambios planteados por el proyecto

II.1 En cuanto al daño ambiental

a) Se sanciona penalmente a quienes ocasionen un grave daño ambiental. (Art. 2, 3 y 4)

De acuerdo al artículo 2, “El que dolosamente causare una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo al medio ambiente o a uno o más de sus componentes será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de 501 a 700 unidades tributarias mensuales. (Entre $24,2 millones y $33,8 millones)

Si los hechos previstos en este artículo fueren perpetrados con imprudencia, la pena será presidio menor en su grado mínimo (61 a 301 días) y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. (Entre $4,8 millones a $24,1 millones)”

De acuerdo al artículo 3, “Si las conductas previstas en el artículo anterior afectaren en forma grave el objeto de protección de una reserva nacional, un parque nacional, un monumento natural, una reserva de bosque, una reserva forestal, un parque marino, una reserva marina, un área marina costera protegida para múltiples usos o un santuario de la naturaleza serán sancionadas con presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años) y multa de 801 a 1000 unidades tributarias mensuales. (Entre $38,7 millones y $48,3 millones).

Si la conducta fuere perpetrada imprudentemente, la pena será de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) y multa de 701 a 800 unidades tributarias mensuales. (Entre $33,8 millones a $38,6 millones)”.

b) Se establece como requisito, para ejercer la acción penal por daño ambiental, que el tribunal ambiental haya establecido la existencia del daño ambiental significativo por sentencia ejecutoriada y las medidas de reparación del medio ambiente dañado. (Art. 5) 

c) Se le entrega a la Superintendencia del Medioambiente o “SMA” la facultad exclusiva de iniciar la acción penal, una vez que se haya determinado la existencia del daño ambiental por los tribunales ambientales. (Art. 5)

d) El Superintendente del Medio Ambiente deberá emitir una decisión fundada en caso que, habiéndose determinado la existencia del daño por tribunales, decidiere no interponer querella. (Art. 5)

e) La interposición de la querella o la decisión de no formularla, deberá tener lugar a más tardar en el plazo de seis meses, contado desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Ambiental correspondiente. (Art. 5)

II.2 En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y modificaciones a la Ley N°20.393.

a) Se incluyen los delitos ambientales en la Ley N° 20.393, para que las personas jurídicas incorporen en sus modelos de prevención de delitos, las actividades o procesos cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de delitos ambientales. (Art. 10)

b) A los delitos ambientales cometidos por personas jurídicas se les aplicarán las penas previstas en la Ley N° 20.393 para los simples delitos, las cuales son:

1. Prohibición temporal de celebrar actos y contratos con el Estado en su grado mínimo a medio.

2. Pérdida de beneficios fiscales en su grado mínimo a medio o prohibición absoluta de recepción de los mismos de dos a tres años.

3. Multa en su grado mínimo a medio. (Art. 15)

II.3 En cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad ambiental.

a) Se reemplaza al Consejo de Defensa del Estado por la SMA en la representación del Estado respecto a la acción de daño ambiental ejercida ante los tribunales ambientales. (Art. 12)

b) La SMA contará con la facultad exclusiva para iniciar la acción penal en los delitos contemplados en esta ley. (Art. 5)

c) Se sancionan penalmente las conductas que dificultan la labor de fiscalización de la SMA e impiden la adopción oportuna de medidas adecuadas para la protección del medio ambiente, tales como:

c.1.) Entrega de información Falsa (Art. 6)

– De acuerdo al artículo 6, “Será castigado con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales (Entre $4,8 millones a $24,1 millones), el que a sabiendas, presentare información falsa o incompleta para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en virtud de normas de emisión, normas de calidad, planes de prevención o descontaminación.” 

– Se le entrega a la SMA la facultad de requerir el inicio del procedimiento penal.

c.2.) Impedir la fiscalización de la SMA (Art..7)

– De acuerdo al artículo 7, “El que impidiere sin motivo justificado el ejercicio de funciones fiscalizadoras al personal de la Superintendencia de Medio Ambiente, habilitado para ello, o encomendado por ésta en conformidad a la ley, sufrirá la pena de multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. (Entre $4,8 millones a $24,1 millones)”.

– El procedimiento será iniciado por querella o denuncia interpuesta por la SMA.

d) La SMA tendrá la facultad de recabar los antecedentes necesarios con el objeto de ejercer la acción de reparación del medio ambiente dañado. (Art. 8)

e) En casos graves y calificados, el Superintendente del Medio Ambiente podrá solicitar mediante petición fundada, autorización al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que corresponda, para que Carabineros o la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del funcionario de la SMA que indique la solicitud, proceda a realizar ciertas labores enumeradas en el proyecto, con el objeto de acreditar las conductas descritas en los artículos 2 y 3 de la presente ley. Estas son:

– Entrar a recintos públicos o privados y, si fuera necesario, a allanar y descerrajar;

– Registrar e incautar toda clase de objetos y documentos que permitan acreditar la existencia de los hechos constitutivos del delito;

– Autorizar la interceptación de toda clase de comunicaciones;

– Ordenar, a cualquier empresa que preste servicios de comunicaciones, que facilite copias y registros de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ella. (Art. 9)

 II.4 Modificaciones a la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales

a) Respecto al procedimiento de las reclamaciones, se amplía de 30 a 40 días el plazo que tiene el tribunal para pronunciar la sentencia, añadiendo que el incumplimiento de este término acarrea una sanción disciplinaria para los jueces que integren el tribunal. (Art. 10.2)

b) En cuanto al procedimiento por daño ambiental, se incorpora un plazo de 90 días para que el tribunal pronuncie la sentencia, añadiéndose que el incumplimiento de este término acarrea una sanción disciplinaria para los jueces que integren el tribunal. (Art. 10.3)

c) Respecto al informe pericial, se reduce el plazo que tiene el tribunal para dictar sentencia, en el caso de no evacuarse la pericia dentro de 15 días, de 90 a 30 días. (Art. 10.4)

d) En relación a quienes pueden intervenir como partes en los asuntos de competencia de los tribunales ambientes, se reemplaza al Consejo de Defensa del Estado por la SMA. (Art. 10.5)

II.5 Modificaciones a la Ley N°20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente

Se cambian los rangos de las multas aplicables, según el tipo de infracción, por los que se indican a continuación:

a) Infracciones gravísimas: La multa de cinco mil una hasta diez mil unidades tributarias es reemplazada por multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales. (Entre $241, 6 millones a $483 millones)

b) Infracciones graves: La multa de mil una hasta cinco mil unidades tributarias anuales es reemplazada por multa de hasta cinco mil unidades tributarias anuales. (Entre $48,3 a $241,5 millones) (Art. 13)

Juan José Eyzaguirre – Socio  juanjose.eyzaguirre@ppulegal.com

Felipe Arévalo – Asociado felipe.arevalo@ppulegal.com

 

 

 

 

 

Fuente: Newsflash PPU - Medio Ambiente