30 septiembre, 2016 Chile

Presunción de responsabilidad por daño ecológico puro e infracción de la Resolución de Calificación Ambiental

Resolución de Conflictos

“…Para que opere la presunción de responsabilidad que venimos tratando, es necesario que el daño se haya producido con ocasión de la infracción del instrumento en cuestión, esto es, que con motivo de la infracción de, por ejemplo, una norma de protección ambiental contenida en la LBGMA, se haya verificado el daño ecológico puro…”

I. Antecedentes generales: la presunción del artículo 52 de la LGBMA

Comoquiera que un sistema de responsabilidad fundado en la culpa o el dolo del causante del daño impone severas dificultades al legitimado activo de la acción de reparación ambiental, en cuanto debe acreditar la prueba de los elementos subjetivos de imputabilidad (1), la LBGMA establece una presunción —que denomina de responsabilidad— para atemperar dichos obstáculos.

En efecto, el artículo 52 inciso 1º de ese cuerpo normativo establece una presunción que consiste, cuando menos, en una presunción de culpa (2).

Dispone la norma respectiva:

“Artículo 52: Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias.

Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido”.

Sobre el particular, y antes de referirnos al problema que pretendemos abordar en esta opinión, creemos que merece la pena mencionar un inconveniente que presenta la denominación que utiliza la LBGMA para referirse a ella.

En efecto, la circunstancia de que el texto del artículo 52 de la LBGMA se refiera a una presunción legal de responsabilidad, no resulta ser afortunada, en cuanto lo que se presume no es la responsabilidad del autor del daño, sino su culpa (3) y, a nuestro juicio, la relación de causalidad, esto es, la presunción no alcanza a los otros presupuestos de la responsabilidad.

En este sentido, la utilización de la voz responsabilidad resulta confusa y da espacio a equívoco en cuanto se podría argüir que la presunción también alcanzaría a los elementos dolo y daño, cuestión que, desde luego, no puede ocurrir (4). En este sentido, tal vez habría sido más sencillo redactar este artículo indicando, simplemente, que:

“Se presume la culpa y la relación de causalidad del autor del daño ambiental, si éste último ha sido consecuencia de un acto que ocasiona una infracción a…”.

 

II. La infracción a una RCA da origen a la presunción de culpa 

Conforme a lo expuesto, los términos en los cuales se encuentra redactado el artículo 52, inciso 1° in fine, de la Ley N° 19.300, permiten concluir, a nuestro juicio, que la infracción de una Resolución de Calificación Ambiental daría origen a presumir la culpa del titular de la actividad o proyecto.

En efecto, en nuestro entendimiento, la interpretación sistemática de los artículos 24 inciso final y 52 de la LBGMA; y 35 letra a) de la LOSMA permitiría arribar a dicha conclusión.

Recordemos que el artículo 52, inciso 1° in fine, de la LBGMA dispone que se presumirá legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental si existe infracción a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en esa ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias.

A su vez, el artículo 24 inciso final de la LBGMA dispone que: “El titular del proyecto o actividad, durante la fase de construcción y ejecución del mismo, deberá someterse estrictamente al contenido de la resolución de calificación ambiental respectiva”. 

Finalmente, el artículo 35 letra a) de la LOSMA preceptúa que constituye una infracción administrativa sancionable por la potestad sancionadora del Superintendente del medio ambiente: “El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental”.

Consecuentemente, a la luz de las disposiciones transcritas, es posible aseverar que:

– el artículo 24 inciso final en comento es una norma destinada a la protección, preservación o conservación ambiental establecida, desde luego, en la propia LBGMA; en tanto ordena que el titular de la actividad o proyecto ajuste su comportamiento, tanto en la fase de construcción cuanto en la fase de ejecución del mismo, a los estrictos términos de su RCA, que es el acto administrativo habilitante que contiene todas las particularidades que permiten que ese concreto proyecto o actividad pueda desarrollarse en forma ajustada al ordenamiento jurídico ambiental. 

– en consecuencia, la contravención a la RCA implica una vulneración al artículo 24 inciso final de la LBGMA, en tanto entraña un apartamiento del contenido y términos estrictos de la misma.

– de esta manera, si la infracción a la RCA involucra la infracción al artículo 24 inciso final de la LBGMA, y ésta última disposición es una norma destinada a la protección ambiental establecida en la propia ley; dicha contravención se ajusta perfecta y rigurosamente al tipo normativo establecido en el artículo 52 inciso 1° in fine, razón por la cual, se da origen a la presunción de culpa en contra del titular del proyecto o actividad que no se somete estrictamente o vulnera los términos de su RCA.

– finalmente, la contravención de la RCA involucra, a su turno, una infracción a la norma contenida en el artículo 35 letra a de la LOSMA, disposición que constituye una norma de protección, preservación o conservación ambiental establecida en otra disposición legal, razón por la cual, a partir de dicha infracción, también se configuraría una hipótesis que hace nacer la presunción de culpa en contra del infractor que ocasionó el daño ambiental.

Para concluir, es relevante destacar que, a nuestro juicio, para que opere la presunción de responsabilidad que venimos tratando, es necesario que el daño se haya producido con ocasión de la infracción del instrumento en cuestión, esto es, que con motivo de la infracción de, por ejemplo, una norma de protección ambiental contenida en la LBGMA, se haya verificado el daño ecológico puro. Luego, si la causa del daño ambiental no es la infracción de uno de los referidos instrumentos, no surge, a nuestro entender, la mentada presunción (5).

 

(1) Cfr. VALENZUELA FUENZALIDA, Rafael,El derecho ambiental. Presente y pasado, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2010, p. 320.

(2) Indicamos que la presunción es, a lo menos, de culpa, por cuanto, según hemos analizado en otro lugar, se discute en doctrina si la misma alcanza a la relación de causalidad tratándose de los daños ecológicos puros. Vid, FEMENÍAS SALAS, Jorge Andres, El Régimen de Responsabilidad por daño ambiental en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Un Análisis a la luz de los principios del Derecho ambiental, Tesis Para optar al Grado de Doctor en Derecho, [Inédita], Universidad de Valladolid – Pontificia Universidad Católica de Chile, Valladolid/Santiago, pp. 409-418

(3) En la historia legislativa existe un antecedente donde se señala en términos expresos que la presunción es de culpa. Así, en los registros de una de las “discusiones en sala” se afirma:

“…en el artículo 55, se establece que se presume legalmente la responsabilidad del autor si el daño ambiental se produce por infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación. O sea, se consagran determinadas presunciones, y éstas presumen, precisamente, la negligencia y la culpa…”. (Vid. HL19.300, Discusión en Sala, p. 702).

(4) Como es bien sabido, en nuestro ordenamiento jurídico, en lo que respecta al dolo, rige la presunción contraria, esto es, lo que se presume es la buena fe (a partir de la norma contenida en el artículo 707 del Código Civil), de manera tal que para que exista una presunción de dolo es necesario un texto legal que así lo manifieste expresamente (como ocurre, verbigracia, con los artículos 706 in fine y 968 N° 5 del Código Civil). Mientras que tratándose del daño, como alguna vez hemos señalado, “recordemos que la ley sólo en situaciones excepcionales ha llegado a presumir la existencia del daño, como ocurre en los casos de la cláusula penal o en el caso del artículo 1559 del Código Civil, cuando sólo se cobran intereses en las obligaciones de dinero. De manera, que para todos los demás casos de daño, sean patrimoniales o extrapatrimoniales, la regla del artículo 1698 relativa a la carga de la prueba, se mantiene completamente vigente en esta materia, debiendo en consecuencia el demandante acreditar sus pretensiones”. Cfr. FEMENÍAS SALAS, Jorge, “Notas sobre la prueba del daño moral en la responsabilidad civil”, en Revista Derecho y Humanidades. Universidad de Chile, N° 17, (2011), p. 41.

(5) De hecho, en la redacción del artículo en su texto original esta idea quedaba plenamente de manifestó, al indicarse: “Artículo 40.- La responsabilidad por daño ambiental nace de una infracción a…”. Empero, la Comisión Mixta alteró la redacción de la norma afirmando que “la frase «si el daño se produce por infracción a las normas de calidad ambiental» es equívoca, toda vez que el daño se origina por un hecho determinado, siendo la infracción la significación jurídica que asume ese hecho” (Cfr. HL19.300, Informe de la Comisión Mixta, p. 1044). Como se advierte, el espíritu de la norma sigue siendo el mismo “que el daño debe ser consecuencia de la infracción para que nazca la presunción”, pero la redacción fue cambiada para, a nuestro juicio en forma innecesaria pues resulta evidente, precisar que es una acción la que ocasiona el daño y que la infracción es la materialización jurídica de dicha acción.

 

* Jorge A. Femenías S. es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid (España) y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fuente: El Mercurio Legal

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