5 julio, 2019 Chile

Nuevos bríos del Derecho Público y Administrativo

Derecho Público

“…Vivimos tiempos de cambios en la disciplina que van perfilando un Derecho Público y Administrativo centrado en los grandes temas y con muchos por escudriñar, sin abandonar —digámoslo— su eje principal de servir de límite al actuar de la Administración, favoreciendo el bien común con resguardo a los derechos de los ciudadanos que es y debe ser su norte primordial…”

Históricamente, los estudios de Derecho Público y, en especial del Derecho Administrativo, no capturaban mayormente la atención de los alumnos en las aulas universitarias. Era frecuente apreciar cómo los estudiantes rehuían las cátedras de la disciplina y a veces palidecían con una enseñanza centrada en el estudio de la denominada “teoría del servicio público” y la quimera de la pretendida responsabilidad del Estado. Ello, pese a la relevancia que iba asumiendo el Estado en la sociedad a través de un desarrollo empresarial considerable y a una creciente politización de la vida pública.

El panorama recién descrito refleja la realidad del Derecho Administrativo durante la primera mitad y gran parte del siglo XX. Sin embargo, a partir de la década del setenta vamos apreciando cómo se va desarrollando el control de la Administración, derribando la auto asumida declaración de incompetencia por parte de los tribunales ordinarios de justicia para conocer conflictos Estado-particular, producto de la disposición tristemente célebre de la programática creación de los tribunales de lo contencioso-administrativo (artículo 87 de la Constitución de 1925); el advenimiento del recurso de protección (Acta Constitucional N° 3); el surgimiento de una jurisdicción contencioso-administrativa especial; el fortalecimiento del rol de la Contraloría General de la República; la alternancia política en el gobierno y una creciente colaboración de la triada Estado-Empresa-Sociedad, esta última a veces riesgosa (corrupción, conflictos de interés, etc.) o, a veces y en la mayoría de los casos, virtuosa (contratación pública, proyectos de infraestructura, asociatividad público-privada, etc.).

Lo cierto es que el Derecho Público y el administrativo van permeando las distintas esferas del quehacer de la sociedad civil. Así, a modo ejemplar, revisaremos estos nuevos bríos del Derecho Administrativo en la academia, en el ejercicio profesional y en la jurisdicción.

En la academia, primeramente, resulta particularmente interesante advertir cómo se ha incrementado el número de decanos provenientes del Derecho Público y Administrativo durante el último tiempo. Así, a los recientemente nombrados decanos de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Gabriel Bocksang) y de la Universidad de Chile (Pablo Ruiz Tagle), de Derecho Administrativo y Constitucional, respectivamente, cabe agregar los de las universidades Católica de Valparaíso (Alan Bronfman), Adolfo Ibáñez (Ramiro Mendoza), Finis Terrae (Ignacio Covarrubias), Central (Emilio Oñate), Alberto Hurtado (Miriam Henríquez), San Sebastián (Rafael Rosell) y Antofagasta (Rubén Gajardo), por citar solo algunos. Y no nos puede sorprender, desde que el Derecho Público y, especialmente el Administrativo, supone como eje el estudio (y límite) del fenómeno del poder y la idea de “administrar”, tan propio de la gestión que compete a la máxima autoridad de una facultad o escuela. Curricularmente, durante los últimos años hemos sido testigos, además, de reformas de mallas curriculares que enfatizan la importancia del Derecho Público, unido al incremento de programas de maestría y de diplomados en Derecho Público y Administrativo.

El ejercicio de la profesión no ha estado exento del dinamismo e interés que ha experimentado el Derecho Administrativo y su “vertiente” regulatoria, forma que suele vestir con mayor prestancia a la disciplina en su interacción con industrias y mercados intensamente normados. Es así como durante los últimos años apreciamos la proliferación de boutiques de Derecho Público y “regulatorio” en nuestro medio y el desarrollo y profundización de áreas de práctica en la especialidad en estudios full service. Es más, el área de Derecho Público es una especialidad rankeable tanto en publicaciones nacionales como internacionales.

A lo anterior se suma —en lo jurisdiccional— el creciente fenómeno de la litigiosidad pública, que convive con una hiperespecialización del contencioso-administrativo. Hemos sido testigos de importantes litigios públicos y privados con componentes admninistrativos-regulatorios que han demandado no solo la intervención del tradicional abogado litigante, sino, y de manera creciente, la incursión casi inexcusable de especialistas en Derecho Administrativo y Constitucional que ya van perfilando al litigante público.

Finalmente, la bajada de esta columna es precisamente la empleada por ICON-S para convocar a su conferencia mundial 2019 en Santiago de Chile (Facultad de Derecho UC), actividad que por estos días se ha desarrollado en nuestro país —bajo el alero de la sociedad internacional de Derecho Público—, congregando a más de 800 expositores entre los días 1 y 3 de julio que, precisamente abordaron tópicos de Derecho Público (Constitucional y Administrativo) desde Chile hacia el mundo.

En suma, vivimos tiempos de cambios en la disciplina que van perfilando un Derecho Público y Administrativo centrado en los grandes temas y con muchos por escudriñar, sin abandonar —digámoslo— su eje principal de servir de límite al actuar de la Administración, favoreciendo el bien común con resguardo a los derechos de los ciudadanos que es y debe ser su norte primordial.

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: El Mercurio Legal

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