X
13 agosto, 2019 Perú

Más riesgos que oportunidades

       

Hacer cambios estructurales a la Ley General de Minería (LGM) podría ser nocivo para la competitividad del Perú como plaza minera. Hoy no es el mejor momento para revisar la normativa: la turbulenta coyuntura política alrededor de Tía María y el posible adelanto de elecciones al 2020 podría llevar al Ejecutivo a hacer concesiones irreparables ante los gobiernos regionales, y al Congreso a formular cambios guiados por criterios más políticos que técnicos. “El Congreso no legisla sobre temas mineros [orgánicamente] desde hace más de 100 años”, afirma Ricardo Labó, ex viceministro de Minas. El riesgo está centrado en la posibilidad de que los gobiernos regionales obtengan más poder sobre los proyectos de mediana y gran minería, coinciden las fuentes. “Es preocupante que el gobierno le haya cedido la iniciativa de proponer una nueva ley a los gobiernos regionales del sur”, señala Luis Rodríguez-Mariátegui, socio del estudio Hernández y Cía.

Incógnita preocupante

La normativa minera hoy es mucho más amplia que la LGM. “No la podríamos considerar como la norma más importante del sector. Su alcance se ha ido acotando”, detalla Rafael Lengua, socio del estudio PPU. Los puntos más importantes de la LGM están en su capítulo tributario —que establece beneficios como los contratos de estabilidad o la depreciación acelerada— y su sistema de titulación de concesiones. Temas polémicos como la distribución del canon o la consulta previa, en ese sentido, no están regulados en ella. “El mayor peligro está en que se quiera introducir algo que hoy no esté en la LGM” en tanto ello podría generar duplicidades y contradicciones con otras normas vigentes, detalla Guillermo Bracamonte, socio del estudio Miranda & Amado. “Esto puede terminar generando un Frankenstein al complejizar una normativa que hoy es bastante simple”, señala Francisco Tong, socio del estudio Rodrigo, Elías y Medrano.

Un mayor poder de decisión de las autoridades regionales sobre la titulación de las concesiones sería perjudicial para la competitividad del sector. “Tendríamos 24 criterios distintos” para otorgar concesiones, indica Rodríguez-Mariátegui. Los gobiernos regionales no actuarían como entes técnicos a la hora de entregar títulos. Esto, además, requeriría cambios a la ley de descentralización, indica Lengua. Otros cambios perjudiciales podrían estar relacionados a los contratos de estabilidad; sin embargo, el Ejecutivo presentó en marzo un proyecto para incentivar estos contratos, que hasta hoy no se aprueba en el Congreso (SE 1660, Legal y Política).

¿Oportunidades?

Una nueva LGM podría abrir la puerta a un nuevo Texto Único Ordenado que consolide la regulación minera, hoy distribuida alrededor de múltiples normativas. “Creo que lo mejor es ordenar lo que ya existe, considerando que las normas se han ido actualizando”, señala Labó. Sin embargo, el poco tiempo de gestión que le quedaría al actual gobierno haría difícil que se llegue a acuerdos y que estos sean socializados. ¿Qué será de la LGM? La poca claridad del Ejecutivo y la coyuntura actual lleva al sector a imaginar lo peor.

 

Fuente: Semana Económica

Link Publicación