29 enero, 2019 Colombia

II. IMPUESTO DE RENTA PARA PERSONAS JURÍDICAS

Derecho Tributario y Comercio Internacional

Tarifa general impuesto a la renta:

La Ley de Financiamiento establece que la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a sociedades nacionales, establecimientos permanentes de entidades del exterior y personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual reducirá gradualmente. Para el año 2019 tarifa general será del 33%, del 32% para el año 2020, del 31% para el año 2021 y, del 30% a partir del año gravable 2022.

Igualmente, la ley establece que las rentas generadas a partir de nuevos proyectos de parques temáticos, de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos que se construyan dentro de los siguientes 10 años, que se lleven a cabo en municipios hasta de 200.000 habitantes, y 4 años, que se lleven a cabo en municipios de igual o superior a 200.000 habitantes, contados a partir del 1 de enero de 2019, estarán sujetas a una tarifa de renta del 9% por un término de 20 y 10 años, respectivamente.

Las entidades financieras que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT (2019: $4.112.400.000), deberán liquidar una sobretasa del 4% por el año 2019, del 3% por el año 2020 y del 3% por el año gravable 2021.

 

Deducción de impuestos pagados:

En materia de deducción de impuestos pagados, la Ley 1943 establece que los contribuyentes podrán deducir (reducción de la renta bruta) el 100% de todos los impuestos, tasas y contribuciones (con excepción del impuesto de renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto de normalización, el GMF y el impuesto de industria y comercio) para efectos del impuesto a la renta, siempre que tengan relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente.  

En el caso del GMF, será deducible el 50% que haya sido efectivamente pagado por e contribuyente.  

En relación con el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, el contribuyente podrá optar por tomarlo como deducción (reducción de la renta bruta) o como descuento tributario (reducción del valor a pagar del impuesto de renta a cargo) el 50% de este impuesto a partir del año gravable 2019, y el 100% a partir del año 2022, siempre que tenga relación de causalidad con su actividad económica. Este es un cambio importante frente a la legislación anterior, toda vez que antes procedía la deducción del 100% de este impuesto y ahora es posible optar por un descuento del 50% y, eventualmente, del 100% en el impuesto de renta a cargo.

Las deducciones y descuentos mencionados con anterioridad no podrán tomarse simultáneamente como costo o gasto en el impuesto sobre la renta.

 

IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos:

Los responsables del IVA podrán descontar del impuesto sobre la renta a cargo, el 100% del IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condición de uso.

El IVA tratado como descuento en renta no podrá ser descontado del IVA generado.

Este tratamiento reemplaza lo dispuesto por el artículo 258-2 del E.T. que establecía el descuento del IVA pagado en la adquisición e importación de maquinaria pesada para industrias básicas y que fue expresamente derogado por la Ley de Financiamiento.

Bajo la nueva normativa, se ampliaron los contribuyentes que pueden beneficiarse del descuento en renta, los bienes en relación con los cuales (antes únicamente maquinaria pesada) puede solicitarse y se permite expresamente el descuento del IVA pagado en los servicios necesarios para poner el bien en funcionamiento.

 

Renta presuntiva:

La Ley de Financiamiento establece un desmonte gradual del porcentaje de renta presuntiva, pues reduce el porcentaje del 3.5% al 1.5% para el año 2019 y 2020 y, al 0% a partir del año 2021.

 

Impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación:

La Ley de Financiamiento crea el impuesto unificado bajo el Régimen de Simple de Tributación a partir del 1 de enero de 2019, con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria. Este impuesto unificado sustituye el impuesto de renta e integra el impuesto nacional al consumo (en el caso de restaurantes y servicios de comida) y el ICA y consiste en una declaración anual y anticipos bimestrales.

La base gravable de este impuesto está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo periodo gravable y no incluye los ingresos constitutivos de ganancia ocasional. La tarifa consolidada podrá ser entre el 1.8% y el 11%, dependiendo de los ingresos brutos anuales y la actividad desarrollada.

A este régimen podrán acceder las personas naturales o jurídicas que reúnan, entre otras, las siguientes condiciones:

(i)            Que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa o de una persona jurídica en la que sus accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras, siempre que sean residentes fiscales colombianos; y que

(ii)           Que en el año gravable anterior hubieren obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT (2019: $2.480.000.000).

Cabe mencionar que la ley excluye expresamente de este régimen a las personas jurídicas extranjeras, establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias o sucursales de personas jurídicas nacionales, entre otros.

Los contribuyentes sujetos al Régimen de Simple de Tributación no estarán sujetos al sistema de renta presuntiva.

 

Impuesto a los dividendos:

La Ley de Financiamiento establece que habrá lugar a gravar los dividendos que perciban sociedades colombianas, pues señala que la distribución de utilidades que hayan tributado al nivel corporativo a favor de sociedades nacionales quedará ahora gravada a la tarifa del 7.5% mediante el mecanismo de retención en la fuente.

Esta situación generaría un escenario de doble tributación en la medida en que el ingreso estaría gravado en un primer momento a nivel de la compañía que distribuye el dividendo y, posteriormente, en cabeza del accionista sociedad nacional que lo recibe. En todo caso, para evitar un efecto de triple tributación, la Ley 1943 señala que este impuesto se cause únicamente en la sociedad que reciba los dividendos por primera vez, introduciendo un crédito fiscal que sería trasladable hasta el beneficiario final persona natural.

Asimismo, la norma establece que cuando el dividendo percibido por una sociedad nacional provenga de utilidades gravadas, la tarifa aplicable será la dispuesta por el artículo 240 del Estatuto Tributario (tarifa general para personas jurídicas), caso en el cual se aplicará el 7.5% a título de retención en la fuente, una vez disminuido el impuesto determinado bajo la tarifa general.

Esta retención será calculada sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones y no tendrá aplicación cuando se trate de sociedades que pertenezcan al régimen de compañías holdings colombianas o a grupos empresariales debidamente registrados ante la Cámara de Comercio.

Adicionalmente, se incrementó la tarifa de impuesto al dividendo recibido por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes del 5% al 7,5%.

Finalmente, la normativa establece un régimen de transición de acuerdo con el cual los dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de diciembre de 2018 mantendrán el tratamiento aplicable con anterioridad a la vigencia de la Ley de Financiamiento.

 

Retención en la fuente por pagos al exterior:

Se incrementó del 15% al 20% la tarifa de retención aplicable a intereses correspondientes a créditos otorgados a menos de un año, comisiones, regalías, honorarios, arrendamientos, prestación de servicios, etc. A esta tarifa también quedaron gravados los ingresos por la explotación de películas cinematográficas y por la explotación de software, que estaban sujetos a una tarifa del 15% y del 26,4%, respectivamente. No obstante, la tarifa retención aplicable a los intereses pagados al exterior originados en créditos obtenidos en el exterior por un término igual o superior a 1 año, se mantendrá en un 15%.

Adicionalmente, la ley establece un incremento del 15% al 33% en la tarifa retención en la fuente aplicable a los pagos por concepto de administración o dirección a vinculados del exterior, previstos en el artículo en los 124 del Estatuto Tributario. En esa medida, estos últimos pagos pasaron de no estar gravados a estar gravados con el 15% bajo la Ley 1819 de 2016 y ahora pasarían a estar sujetos a una retención en la fuente del 33%.

El incremento de las tarifas de retención en la fuente generaría un desincentivo para la prestación de servicios por parte de sociedades extranjeras o personas naturales no residentes en Colombia o, más cuestionable aún, incrementaría la carga en cabeza del beneficiario del servicio en Colombia, en la medida en que, en la práctica, el valor de la retención en la fuente es soportada por quien efectúa el pago al exterior.