19 marzo, 2019 Perú

Gobernanza laboral

Derecho Laboral

En esta segunda entrega sobre el instrumento de gobernanza laboral más importante que se ha expedido en años dentro de nuestro país, la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) versa sobre los puntos álgidos de la reforma laboral que, a todas luces, insinúa. Así, dentro del eje llamado “eficiencia de mercados”, se identifica como objetivo prioritario a la creación de condiciones para la generación de empleos dignos a través del dinamismo y competitividad del mercado.

Regulación laboral e informalidad

En la PNCP se presenta una información que es un punto basal de los lineamientos que propone: su régimen general implica un costo laboral demasiado alto (para ello se efectúa una comparación con otros países de la región), mientras que el régimen especial de la Mype, que es el que fue pensado precisamente para la promoción de los pequeños emprendimientos, sigue teniendo una presencia marcadamente minoritaria (esto fluye de las páginas 51 a siguientes del documento).

Aquí se parte de una confusión que conviene esclarecer. La política argumenta comparativamente, tomando en cuenta los costos del “régimen general” peruano versus el de otros países. No obstante, ello resulta inconsistente con el hecho de que en el mismo documento se haga referencia a que en el país exista un predominante “enanismo empresarial”. A ese ámbito le corresponde un régimen legal de menores costos laborales. Cuando menos, esta inconsistencia comparativa ameritaría una nota aclaratoria sobre la real dimensión de los costos que se comparan.

Esto va muy en la línea de lo indicado en la parte de diagnóstico de la “Estrategia Nacional Sectorial para la Formalización Laboral 2018-2021”, aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) el año pasado.

A la luz de dicho lineamiento, se puede concluir que existe un número significativo de empresas que contratan a trabajadores asalariados que, o bien, no tienen condiciones para formalizarse, o bien no son capaces de advertir los incentivos correctos. En ambas dimensiones, obviamente, la intervención estatal es distinta: mientras que en las primeras se deben aplicar políticas de diversificación productiva, junto con otras reformas de tipo estructural (en lo económico y social, como nos hemos referido en la entrega anterior, en lo referido al “capital humano”), en las segundas, hace falta que tales incentivos de la formalización sean puestos al alcance del empresariado de forma simplificada.

Fuente: El Peruano