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7 octubre, 2019 Perú

¿Está avanzando la ciberseguridad en el Perú?

Existe un amplio consenso respecto del incremento global de los ciberataques, así como de la sofisticación con la que los incidentes de ciberseguridad se vienen manifestando. Y, si bien este hecho debería devenir en una toma de conciencia de los posibles daños – incluso irreparables – que podrían sufrir las empresas en el Perú, la realidad es que esta preocupación no pareciera estar en su agenda, al menos inmediata. 

La razón quizás se encuentra en una falta de entendimiento de lo que comprende la ciberseguridad, pero también de la complejidad y retos de regular de manera orgánica esta materia sin dejar de atender las exigencias de integrar nuestros negocios a la tecnología digital. 

En lo que respecta a ciberseguridad debemos partir estableciendo que el riesgo de sufrir un ciberataque no es un riesgo que corresponde ser prevenido, atribuido y mitigado únicamente por las áreas de seguridad de la información, pero es un riesgo del negocio y como tal debe ser atendido al más alto nivel de toda organización. Por tanto, no cabe pensar en geografías o jurisdicciones, pues todos los que nos beneficiamos de Internet, en algún momento tendremos que enfrentar un ciberataque.

Ante la pregunta sobre si en el Perú venimos avanzando en ciberseguridad, sí estamos avanzando. Contamos con un marco legal de Protección de Datos Personales y una Directiva de Seguridad que lo acompaña, se ha creado un Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE), la Ley de Delitos Informáticos se ha visto acompañada con la reciente adhesión del Perú al convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, entre otras normas y recientes proyectos legislativos que buscan, finalmente, proteger la infraestructura de la información y los datos, y así prevenir y sancionar cualquier acción que pueda vulnerar la ciberseguridad.  Asimismo, existe un importante esfuerzo de la Secretaría del Gobierno Digital de la PCM por acompañar los procesos de transformación digital en la administración pública. 

Ésta no es una tarea que deba esperar a que nuestro ordenamiento jurídico desarrolle más o mejores estándares segmentados por industrias, emita una ley marco en materia de ciberseguridad o disponga sanciones económicas ante ciertos incumplimientos. Tanto el sector privado como el sector público están llamados a tomar acción y protegerse ante las amenazas, que ocurren en el ciberespacio. ​

 

Fuente: Lex Latin

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