27 enero, 2021 Chile

Columna: Proceso Constituyente y Régimen de Amparo

Derecho Minero, Energía y Recursos Naturales

Sin lugar a dudas la minería – y su rol preponderante en la economía de nuestro país – serán foco de análisis y debate durante el proceso constituyente que se nos avecina. Si lo que pretendemos con este esfuerzo normativo es actualizar y profundizar la actividad minera en nuestro país; uno de los temas a abordar debiera ser el del rol que juegan los particulares como motores en la exploración, prospección y posterior explotación de estos recursos. En este sentido, cabe tener presente que la actual Constitución Política de la República otorgó un mandato claro al titular de las concesiones mineras de desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento; entregando a la Ley Orgánica la regulación del régimen de amparo necesario para impulsar dicha actividad. La citada Ley Orgánica, sin embargo, se limitó a establecer el pago de una patente anual a beneficio fiscal como condición única para la mantención de este derecho.

Las preguntas que – casi inevitablemente – se ha hecho la mayoría de la doctrina nacional al analizar esta materia, resurgen y suenan ahora con aún más fuerza: ¿Cumple acaso el sistema de amparo por pago de patente con la finalidad pública y superior prevista por la Carta Fundamental para las concesiones mineras? ¿Logra promover este mecanismo una actividad minera prolífera, competitiva y por lo tanto beneficiosa para el estado de Chile? ¿Existen alternativas?

Las respuestas a estas interrogantes han sido múltiples y tan distintas como las posiciones políticas de quienes las han formulado. Desde aquellos que consideran que el Estado no debió nunca entregar el aprovechamiento de esta riqueza por la vía concesional a los privados y están por abolir el régimen concesional y por lo tanto el de amparo; hasta aquellos que no conciben otra forma de explotar eficientemente estos recursos y ven en la patente minera un gravamen injustificado.

Muy probablemente, la respuesta correcta se esconde en algún lugar entremedio. Lo que es evidente en todo caso, es que el desarrollo de una industria tan relevante no debiera prescindir del esfuerzo de los particulares; pero es justamente en ese “esfuerzo” requerido que pareciera que el pago de las actuales patentes no alcanza.

¿Cuál es el desafío constitucional entonces? Dilucidar qué es eso que falta para potenciar y fortalecer la función catalizadora de los actores que interviene en esta industria; pero esta vez con altura de miras: sin preocuparse únicamente del beneficio propio o – como está tan de moda – de las encuestas en Twitter.

Fuente: Revista Industria Legal

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