27 julio, 2022 Chile

Columna: La necesidad de incorporar mecanismos de actualización de las autorizaciones ambientales.

Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible

Resulta bastante evidente la relevancia que tiene la protección y preservación efectiva del medio ambiente. Con el objeto de asegurar un correcto cuidado del medio ambiente nuestra normativa contempla una serie de instrumentos de gestión ambiental, en su gran mayoría contenidos en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Dentro de dichos instrumentos, aquel que más destaca, tanto por su efectividad como por su alcance y utilización corresponde al Sistema de Evaluación de Impacto de Ambiental (SEIA).

Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.300 una gran parte de los proyectos de inversión que se desarrollan en Chile deben someterse a evaluación ambiental de manera previa a su ejecución y solo pueden materializarse si cuentan con una resolución de calificación ambiental favorable (RCA).

Las RCA corresponden jurídicamente a una autorización ambiental de funcionamiento las que, junto con identificar la normativa ambiental aplicable a un proyecto, establecen una serie de condiciones y obligaciones exigibles en todo momento a sus titulares.

Esta autorización se otorga por parte de la Administración del Estado, luego de seguir un complejo, sofisticado y largo proceso administrativo en el que participan una serie de reparticiones públicas con competencias ambientales y en muchos casos la ciudadanía que pudiera verse afectada (participación ciudadana).

Ahora bien, pese a que por su naturaleza las RCA habitualmente tienen una larga duración (de varios años e incluso décadas), la legislación vigente no contempla mecanismos de actualización de las mismas, lo que se traduce en una fuente constante de problemas para sus titulares, principalmente vinculada con la necesidad de incorporar nuevas tecnologías o adecuaciones a sus proyectos.

Como contrapartida, una de las grandes ventajas de la RCA consiste en la certeza jurídica que otorgan a los titulares de proyectos respecto de cuáles son los estándares, condiciones y obligaciones ambientales exigibles para la ejecución de sus proyectos, incluyendo dentro de ellas las nuevas exigencias que se generen producto de cambios normativos.

Relacionado con esta característica favorable de las RCA, en un reciente fallo de la Corte Suprema (ver aquí) nuestro máximo tribunal estableció, en términos sencillos, que las obligaciones de las RCA pueden ser interpretadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) considerando análisis técnicos nuevos pudiendo cambiar el alcance y contenido de las obligaciones contenidas originalmente en las RCA.

Sin perjuicio del mérito que este fallo pueda tener en orden a lograr una eficaz protección ambiental, puede tener un efecto desestabilizador de la certeza jurídica de las RCA, situación que refuerza y corrobora la necesidad de incorporar normativamente mecanismos claros e idealmente expeditos de actualización de las RCA.

Fuente: Revista Legal Industry

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